Hay una diferencia importante entre que un tratado siga vigente y que ofrezca certidumbre. El T-MEC no terminó en julio: continuará, al menos, hasta 2036. Pero Estados Unidos no aceptó extenderlo por otros dieciséis años, de modo que los tres países deberán revisarlo cada año hasta que exista acuerdo o llegue su fecha de expiración.
La señal más reciente confirma que esa revisión anual ya empezó a institucionalizarse. La oficina del representante comercial estadounidense abrió una consulta pública para la revisión de 2027. Recibirá comentarios hasta el 12 de enero y pide opiniones sobre cumplimiento, inversión, competitividad, seguridad económica y prácticas de países con economías no de mercado.
A primera vista, parece un procedimiento administrativo. Para las empresas, no lo es. Cada revisión será un espacio para volver a discutir reglas de origen, aranceles sectoriales, contenido regional y acceso preferencial. En el sector automotriz, Washington ya ha dicho que quiere elevar el contenido estadounidense y norteamericano y reducir la dependencia de insumos de terceros países. México, mientras tanto, conserva una ventaja relevante: más del 80% de sus exportaciones a Estados Unidos continúa sin pagar arancel.
El riesgo sería interpretar esa ventaja como garantía. La integración regional ya no descansa solamente en producir cerca del mercado estadounidense. Depende de poder demostrar de dónde vienen los insumos, qué valor se agrega aquí y cómo se cumplen las reglas laborales, aduaneras y de origen.
Por eso, la revisión anual del T-MEC debería entrar en la conversación estratégica de las empresas, no quedarse en el área jurídica. Mapear proveedores críticos, documentar contenido regional y evaluar escenarios arancelarios ya no son tareas defensivas. Son parte de la propuesta de valor.
La globalización no desapareció. Se está volviendo más selectiva, más política y, sobre todo, más exigente con la trazabilidad.